La región de los Estados Árabes se ha convertido en un importante destino para las personas trabajadoras migrantes, incluidas aquellas procedentes de países africanos. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), esta región presenta la mayor proporción de trabajadorxs migrantes a nivel mundial en relación con la fuerza laboral total, alcanzando el 41,4 % en 2019, frente a un promedio mundial de apenas el 5%. Si bien estas personas contribuyen al desarrollo social y económico tanto de los países de destino como de los países de origen, sus derechos y libertades siguen siendo vulnerables, especialmente en el caso de las personas migrantes con baja cualificación. 

Los vacíos en los marcos jurídicos, la escasa regulación y supervisión, así como el sistema de kafala o sistema patrocinio —una práctica común en la región árabe que vincula a trabajadorxs extranjerxs con sus empleadorxs, quienes garantizan su permiso de residencia— se encuentran entre las principales causas de la explotación persistente. Esta puede incluir condiciones de vida y de trabajo inhumanas, jornadas laborales excesivas, privación de la libertad de movimiento, impago de salarios, violencia, abusos sexuales e incluso la muerte. 

Las misiones diplomáticas en los países de destino de las personas trabajadoras migrantes desempeñan un papel fundamental en la protección y el fortalecimiento de los derechos y libertades fundamentales de estas personas. Por este motivo, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), su Centro Internacional de Formación (CIF-OIT) y el programa de la GIZ “Fortaleciendo la política migratoria orientada al desarollo" (MEG) organizaron una formación de cuatro días dirigida a funcionarixs consulares, responsables de oficinas de la diáspora y agregados laborales que trabajan en misiones diplomáticas africanas en países árabes. 

La formación, titulada “Promoción de los derechos fundamentales, la gobernanza y la protección de las personas trabajadoras migrantes: el papel de lxs funcionarixs consulares y agregados laborales africanos en los Estados Árabes”, tuvo lugar del 14 al 17 de abril de 2025 en Doha, capital de Qatar. 

En su discurso de bienvenida, el director del programa MEG, David Nii Addy, destacó el papel de las personas trabajadoras migrantes y de la diáspora africana, cuya contribución al desarrollo internacional es significativa en el mundo árabe y más allá. No obstante, junto con las oportunidades suele surgir también la vulnerabilidad. En particular, quienes trabajan en los sectores doméstico y de cuidados —principalmente mujeres— se encuentran en una situación de especial riesgo. 

“Por ello, debemos esforzarnos colectivamente por promover los derechos fundamentales, fortalecer la gobernanza de la migración laboral y proteger a las personas trabajadoras migrantes”, afirmó David Nii Addy, añadiendo que estos objetivos requieren una acción coordinada por parte de los gobiernos, las organizaciones internacionales, la sociedad civil, el sector privado y las propias comunidades migrantes. 

La formación de cuatro días abordó una amplia gama de temas, entre ellos, las prácticas de contratación justa, la colaboración con los gobiernos locales, la formación previa a la salida, el seguimiento del cumplimiento de las leyes y normas laborales internacionales, las necesidades y vulnerabilidades de las personas trabajadoras migrantes africanas en general y de las mujeres en particular, la gestión de reclamaciones complejas, así como el acceso a la justicia y a mecanismos de reparación. 

A partir de esta formación, se está elaborando actualmente un manual destinado a apoyar y fortalecer al personal de las misiones diplomáticas africanas. Asimismo, antes de regresar a sus respectivos países de destino, las personas participantes en la formación establecieron una comunidad de práctica con el fin de seguir intercambiando experiencias y facilitar el apoyo mutuo. 

En nombre del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ), el programa MEG se implementa actualmente en 14 países. Está alineado con el Pacto Mundial para la Migración (PMM) y se centra en fortalecer las capacidades de los principales actores estatales en ámbitos clave como la migración laboral regular, la movilidad regional y las prácticas de contratación ética. El programa presta especial atención a la mejora de las condiciones laborales de las mujeres migrantes y a la regulación de las agencias privadas de contratación.